Jhony Andrés Salgado Fuentes was arbitrarily and illegally detained inside his home in the context of the 2017 post-election protest. The case against him was dismissed in March 2022. The police officers responsible for the detention were cleared of criminal responsibility even though there was a criminal proceeding against them.
Jhony Andrés Salgado Fuentes fue detenido arbitraria e ilegalmente dentro de su domicilio en el contexto de la protesta postelectoral de 2017. La causa contra él fue sobreseída en marzo de 2022. Aunque hubo un proceso penal contra los agentes de policía responsables de la detención, fueron absueltos de responsabilidad penal.
In the 2017 post-election crisis, several protests took place throughout Honduras, where demonstrators were violently repressed by the state security forces. On December 21, 2017, Jhony Andrés Salgado Fuentes was not participating in the protests, however, he was arbitrarily and illegally detained inside his home, in the presence of his partner, Maria Elena Almendarez, and their two children. Police knocked violently on the door, thinking that Jhony was hiding protesters, detained him, and took him to the police station, where he was forced to pose with a police shield and a gun for photos that were later broadcast in the media. Despite Jhony’s inability to read or write, the police forced him to sign a document acknowledging that this evidence had been confiscated from him.
Mr. Salgado was formally charged with the crimes of “illegal carrying of a commercial firearm” and “improper use of police clothing”. He remained in preventive detention at the El Progreso prison until April 25, 2018, when the Corte de Apelaciones de San Pedro Sula (Court of Appeals of San Pedro Sula) lifted the preventive measure. However, as an alternative measure, the Court ordered Mr. Salgado to check in every 15 days for almost four years, and to pay the equivalent of approximately 9 USD each time. This severely affected the Salgado family’s financial situation, because it made it extremely difficult for Jhony to get a permanent job.
The subsequent hearings were delayed and postponed up to three times. In August 2021, numerous international organizations presented amicus curiae briefs in favor of Mr. Salgado. They requested the Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro (Sentencing Court of El Progreso, Yoro) to guarantee the rights to defend human rights and demonstrate peacefully, and urged it to refrain from using criminal law to criminalize the exercise of these rights. In March 2022, the Sentencing Court issued a final dismissal in favor of Mr. Salgado.
Simultaneously, Maria Elena Almendarez, his partner, filed a complaint after Mr. Salgado’s arrest before the Fiscalía de Derechos Humanos (Human Rights Prosecutor’s Office) for the crimes of “unlawful intrusion into one’s private home” (allanamiento de morada) and “abuse of authority.” In 2018, the Human Rights Prosecutor’s Office accused the four police officers who arbitrarily entered Jhony Salgado’s home of the crimes of unlawful intrusion into one’s private home (allanamiento de morada) and abuse of authority. However, the four defendants were issued a definitive dismissal in the initial hearing, which was later confirmed by the Corte de Apelaciones de San Pedro Sula (San Pedro Sula Court of Appeals). Mr. Salgado’s defense filed an appeal before the Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice) against this decision. International organizations requested the Supreme Court to respect and guarantee Mr. Salgado’s rights to judicial guarantees and judicial protection, following the international standards applicable and in force in Honduras. Unfortunately, the Chamber denied Jhony’s appeal and the police officers who assaulted him were cleared of criminal responsibility.
Nowadays, Jhony suffers from intense trauma caused by his imprisonment and the mistreatment he received by other inmates while he was deprived of his liberty.
En la crisis postelectoral de 2017, se produjeron varias protestas en todo Honduras, en las que los manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado. El 21 de diciembre de 2017, Jhony Andrés Salgado Fuentes no participaba en las protestas, sin embargo, fue detenido arbitraria e ilegalmente dentro de su domicilio, en presencia de su pareja, María Elena Almendarez, y de sus dos hijos. La policía llamó violentamente a la puerta, pensando que Jhony ocultaba a manifestantes, lo detuvieron y lo llevaron a comisaría, donde lo obligaron a posar con un escudo policial y una pistola para unas fotos que luego se difundieron en los medios de comunicación. La policía le obligó a firmar un documento en el que reconocía que le habían confiscado esas pruebas, aunque Jhony no sabe leer ni escribir.
El Sr. Salgado fue acusado formalmente de los delitos de “portación ilegal de arma de fuego de uso comercial” y “uso indebido de vestimenta policial”. Permaneció en prisión preventiva en la cárcel de El Progreso hasta el 25 de abril de 2018, cuando la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula levantó la medida cautelar. Sin embargo, como medida alternativa, la Corte ordenó al Sr. Salgado que se registrara cada 15 días durante casi cuatro años, y que pagara el equivalente a aproximadamente 9 USD cada vez. Esto afectó gravemente a la situación económica de la familia Salgado, ya que dificultó enormemente que Jhony consiguiera un trabajo permanente.
Las audiencias posteriores se retrasaron y aplazaron hasta tres veces. En agosto de 2021, numerosas organizaciones internacionales presentaron escritos amicus curiae a favor del Sr. Salgado. Solicitaron al Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro que garantizara los derechos a defender los derechos humanos y a manifestarse pacíficamente, y le instaron a abstenerse de utilizar el derecho penal para criminalizar el ejercicio de estos derechos. En marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia dictó un sobreseimiento definitivo a favor del Sr. Salgado.
Simultáneamente, María Elena Almendarez, su pareja, presentó una denuncia tras la detención del Sr. Salgado ante la Fiscalía de Derechos Humanos por los delitos de “allanamiento de morada” y “abuso de autoridad”. En 2018, la Fiscalía de Derechos Humanos acusó a los cuatro policías que ingresaron arbitrariamente al domicilio de Jhony Salgado por los delitos de allanamiento de morada y abuso de autoridad. Sin embargo, a los cuatro acusados se les dictó sobreseimiento definitivo en la audiencia inicial, el cual fue confirmado posteriormente por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula. La defensa del Sr. Salgado interpuso un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra esta decisión. Organizaciones internacionales solicitaron a la Corte Suprema que respetara y garantizara los derechos del Sr. Salgado a las garantías judiciales y a la protección judicial, siguiendo los estándares internacionales aplicables y vigentes en Honduras. Lamentablemente, la Sala denegó el recurso de Jhony y los policías que lo agredieron fueron exonerados de responsabilidad penal.
En la actualidad, Jhony sufre un trauma muy fuerte causado por su encarcelamiento y los malos tratos que recibió de otros reclusos mientras estaba privado de libertad.
- Eric SJ, Jhony Andrés Salgado: el rostro de la injusticia en Honduras (25 June 2019)
Amicus brief filed by Espacio público, Equipo Jurídico de Derechos Humanos, Odhikar, OXFAM, People in Need, Robert F. Kennedy Human Rights and Women’s Link Worldwide