The case refers to a tutela petition filed by ten social leaders in Colombia requesting the protection of the right to defend human rights. The second instance court confirmed the protection of the right to defend human rights and recalled the State’s obligation to guarantee, recognize and strengthen the work toward the defense of human rights in Colombia through the tools established by the Final Peace Agreement. On January 29, 2021, the Colombian Constitutional Court selected the tutela for review. In 2023, the Constitutional Court ruled that the situation regarding human rights defenders amounted to an “Unconstitutional State of Affairs”, emphasizing the State’s constitutional mandate to protect defenders.
El caso se refiere a una petición de tutela presentada por diez líderes sociales en Colombia en la que solicitaban la protección del derecho a defender los derechos humanos. El tribunal de segunda instancia confirmó la protección del derecho a defender los derechos humanos y recordó la obligación del Estado de garantizar, reconocer y fortalecer la labor en favor de la defensa de los derechos humanos en Colombia a través de los instrumentos establecidos en el Acuerdo Final de Paz. El 29 de enero de 2021, la Corte Constitucional de Colombia seleccionó la tutela para su revisión. En 2023, la Corte Constitucional dictaminó que la situación de los defensores de los derechos humanos constituía una «situación inconstitucional», haciendo hincapié en el mandato constitucional del Estado de proteger a los defensores.
On December 10, 2019, different organizations in Colombia filed a tutela requesting the declaration of an Estado de Cosas inconstitucional (Unconstitutional State of Affairs), due to the very serious context of violence that exists in Colombia against social leaders. At the time of its presentation, the We Are Defenders Program reported 426 murders between January 2016 and September 2019.
On March 25, 2020, the Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá (45th Civil Court of the Bogotá Circuit) upheld the right to defend human rights and recognized the State’s systematic failure to protect social leaders. This happens because, despite the different legal instruments, the National Government fails not only to clearly identify the risk factors, but also to define adequate prevention policies. The judge highlighted that crimes against leaders continued to occur despite the confinement decreed by the State of emergency due to COVID-19, consequently, there could exist “a criminal organization coordinated to the systematic extermination of that population, which continues and has been perpetuated for decades, despite the fact that the State has a special duty of protection towards them”.
On May 11, 2020, the Sala Civil del Tribunal Superior (Civil Chamber of the Superior Court) of Bogotá confirmed the protection of the right to defend human rights and recalled the State’s obligation to guarantee, recognize and strengthen the work towards the defense of human rights in Colombia through the tools established by the Final Peace Agreement. On January 29, 2021, the Colombian Constitutional Court selected the tutela petition in which ten social leaders in Colombia requested the protection of the right to defend human rights.
In December 2023, the Court ruled that the situation of human rights defenders in the country amounted to an ‘Unconstitutional State of Affairs,’ emphasizing that structural issues in Colombia put defenders at enhanced risk. In this decision, the Court indicated that the State has a constitutional mandate to protect defenders and highlighted the vital role they play in upholding democracy, human rights, and the Rule of Law.
El 10 de diciembre de 2019, diferentes organizaciones de Colombia presentaron una tutela solicitando la declaración de un Estado de Cosas inconstitucional, debido al gravísimo contexto de violencia que existe en Colombia contra los líderes sociales. Al momento de su presentación, el Programa Somos Defensores denunciaba 426 asesinatos entre enero de 2016 y septiembre de 2019.
El 25 de marzo de 2020, el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá confirmó el derecho a defender los derechos humanos y reconoció la falta sistemática del Estado en la protección de los líderes sociales. Esto ocurre porque, a pesar de los diferentes instrumentos legales, el Gobierno Nacional no solo no identifica claramente los factores de riesgo, sino que tampoco define políticas de prevención adecuadas. El juez destacó que los delitos contra los líderes continuaban ocurriendo a pesar del confinamiento decretado por el Estado de emergencia debido a la COVID-19, por lo que podría existir «una organización criminal coordinada para el exterminio sistemático de esa población, que continúa y se ha perpetuado durante décadas, a pesar de que el Estado tiene un deber especial de protección hacia ellos».
El 11 de mayo de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la protección del derecho a la defensa de los derechos humanos y recordó la obligación del Estado de garantizar, reconocer y fortalecer la labor en favor de la defensa de los derechos humanos en Colombia a través de los instrumentos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.El 29 de enero de 2021, la Corte Constitucional colombiana seleccionó la demanda de tutela en la que diez líderes sociales de Colombia solicitaban la protección del derecho a defender los derechos humanos. En diciembre de 2023, la Corte dictaminó que la situación de los defensores de los derechos humanos en el país constituía una “situación inconstitucional”, haciendo hincapié en que los problemas estructurales de Colombia ponían a los defensores en una situación de mayor riesgo. En esta decisión, la Corte indicó que el Estado tiene el mandato constitucional de proteger a los defensores y destacó el papel fundamental que desempeñan en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Since the signing of the Acuerdo de Paz (Peace Agreement), attacks against leaders and human rights defenders have increased. For example, in 2018, attacks increased by 43.7% compared to previous years. This data has positioned Colombia as the country with the most murders worldwide, with 106 defenders murdered in 2019 alone. These events are concentrated in rural areas most affected by the armed conflict and hit by paramilitary forces. In addition, between January and June 2020, in the midst of the pandemic and the quarantine imposed as a result of it, the Programa Somos Defensores (We Are Defenders Program) recorded the murder of 95 social leaders, 36 more than in 2019, meaning that there has been an increase of 61%. For its part, this same organization recorded that during these first six months of 2020, there were 463 violent acts, 128 fewer attacks than in 2019, because of a higher than usual underreporting due to the obstacles and difficulties encountered in monitoring during the pandemic. The problem has continued to worsen with 2022 being one of the most lethal years for human rights defenders in Colombia with 215 defenders killed. In 2023, 181 were killed. Moreover, as of 2023, Colombia is the world’s deadliest country for land and environmental defenders. As these statistics demonstrate, the protection of human rights defenders remains increasingly urgent.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han aumentado los ataques contra líderes y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en 2018, los ataques aumentaron un 43,7 % en comparación con años anteriores. Estos datos han posicionado a Colombia como el país con más asesinatos a nivel mundial, con 106 defensores asesinados solo en 2019. Estos hechos se concentran en las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado y azotadas por las fuerzas paramilitares. Además, entre enero y junio de 2020, en medio de la pandemia y la cuarentena impuesta como consecuencia de ella, el Programa Somos Defensores registró el asesinato de 95 líderes sociales, 36 más que en 2019, lo que supone un aumento del 61 %. Por su parte, esta misma organización registró que durante estos primeros seis meses de 2020 se produjeron 463 actos violentos, 128 menos que en 2019, debido a una subnotificación superior a la habitual por los obstáculos y dificultades encontrados en el seguimiento durante la pandemia. El problema ha seguido agravándose, siendo 2022 uno de los años más letales para los defensores de los derechos humanos en Colombia, con 215 defensores asesinados. En 2023, 181 fueron asesinados. Además, en 2023, Colombia es el país más mortífero del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Como demuestran estas estadísticas, la protección de los defensores de los derechos humanos sigue siendo cada vez más urgente.
- Dejusticia, La Corte Constitucional escucho lideres y lideresas sociales (02 February 2021)
- Dejusticia, Juzgado falla a favor de líderes sociales y ordena que se garantice el derecho a defender derechos humanos (03 April 2020)
- Comisión Colombiana de Juristas, Sentencia de tutela para proteger el derecho a defender los derechos (05 November 2020)
- Asociación Minga, Tribunal Superior de Bogotá reitera que el derecho a defender derechos humanos de líderes sociales debe ser protegido (20 May 2020)
April 21st 2021 – Amicus curiae presented before the Colombian Constitutional Court by International Service for Human Rights, Front Line Defenders, Centro de información Sobre Empresas y Derechos Humanos, Women’s Link worldwide, Alianza Mundial por la Participación Ciudadana CIVICUS and Robert F. Kennedy Human Rights.
February 6th 2023 – Amicus curiae presented before the Colombian Constitutional Court by International Service for Human Rights, Women’s Link Worldwide, and Robert F. Kennedy Human Rights.
Individual Contributors
Deobaldo Cruz (Líder de la Asociación Campesina de Puerto Asís, Putumayo, ASOCPUERTOASIS); Martha Lucia Giraldo (Representante del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado, Valle del Cauca; MOVICE); Oscar Gerardo Salazar Muñoz (Miembro de la Cumbre Agraria Campesina étnica y Popular- Marcha Patriótica, Cauca y Macizo Colombiano); Isabel Cristina Zuleta (presenta la tutela en nombre propio y en representación del Movimiento Ríos Vivos, de Antioquía); Fabián de Jesús Laverde Doncel: Vocero de la Comisión de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Casanare, y vinculado con la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC); Arnobi Zapata (Asociación de Campesinos Del Sur de Córdoba, Córdoba); y Alejandro Palacio (Representante de los estudiantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; y presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES).