Land defender Iris Argentina Álvarez Chávez was murdered on April 2, 2020, as a result of a violent and illegal eviction carried out by a private company. Even though two men were indicted a few days later, they have not been convicted.
La defensora de la tierra Iris Argentina Álvarez Chávez fue asesinada el 2 de abril de 2020, como consecuencia de un desalojo violento e ilegal llevado a cabo por una empresa privada. Aunque dos hombres fueron acusados unos días después, no han sido condenados.
Iris Argentina Álvarez Chávez was a campesina leader, member of the “Cerro Escondido” Cooperative Company, and defender of the right to land. She was originally from southern Honduras. The Cerro Escondido group has been in the process of recovering its land since November 2019, a conflict that is also being heard before national courts.
On April 2, 2020, while the COVID-19 curfew was in force, CRAE Company, a private security company hired by the company Azucarera La Grecia, conducted an illegal and violent eviction within the community of Los Chachos, in the municipality of Marcovia, department of Choluteca. The community was composed of about sixty families, including several children. The company’s agents burst into the community in the early hours before dawn, while wielding bladed weapons and high caliber firearms against the residents. The members of Cerro Escondido were violently evicted by firing firearms and destroying the property of the families members of the group. As a result of this attack, which lasted until the next morning, Iris Argentina Álvarez Chávez died, three people were injured, and several families were left out in the open. The company also destroyed the property and crops of the families living on the property. Police forces in the area were passive and did not intervene to protect the community’s safety.
On April 8, 2020, a formal indictment was issued against two of CRAE’s agents, Fabricio Mendoza and José Perdomo, for their participation in the murder of Ms. Álvarez Chávez. They are currently being prosecuted before the Tribunal de Sentencia de Choluteca (Choluteca Sentencing Court), but they are not being detained during their trials.
It should be noted that, after the violent eviction, the acts of violence and persecution against the residents continued. In this regard, Leopoldo Mena, who has been harassed and intimidated by CRAE’s employees, is at risk.
Iris Argentina Álvarez Chávez fue dirigente campesina, miembro de la Cooperativa “Cerro Escondido” y defensora del derecho a la tierra. Era originaria del sur de Honduras. El grupo Cerro Escondido está en proceso de recuperación de sus tierras desde noviembre de 2019, conflicto que también se ventila en tribunales nacionales.
El 2 de abril de 2020, , mientras se encontraba vigente el toque de queda COVID-19, se produjo un desalojo ilegal y violento dentro de la comunidad de Los Chachos, en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, el cual fue llevado a cabo por la Empresa CRAE (empresa de seguridad privada), contratada por la empresa Azucarera La Grecia. La comunidad estaba compuesta por unas sesenta familias, incluidos varios niños. Los agentes de la empresa irrumpieron en la comunidad en las primeras horas antes del amanecer, mientras esgrimían armas blancas y armas de fuego de alto calibre contra los residentes. Los miembros de Cerro Escondido fueron desalojados violentamente disparando armas de fuego y destruyendo las propiedades de las familias integrantes del grupo. Como resultado de este ataque, que duró hasta la mañana siguiente, Iris Argentina Álvarez Chávez murió, tres personas resultaron heridas y varias familias quedaron a la intemperie. También destruyeron las propiedades y los cultivos de las familias que vivían en la propiedad. Las fuerzas policiales de la zona se mostraron pasivas y no intervinieron para proteger la seguridad de la comunidad.
El 8 de abril de 2020 se emitió acusación formal contra dos de los agentes del CRAE, Fabricio Mendoza y José Perdomo, por su participación en el asesinato de la Sra. Álvarez Chávez. Actualmente están siendo procesados ante el Tribunal de Sentencia de Choluteca, pero enfrentan sus juicios en libertad.
Cabe señalar que, tras el violento desalojo, continuaron los actos de violencia y persecución contra los pobladores. En este sentido, se encuentra en riesgo Leopoldo Mena, quien ha sido hostigado e intimidado por los empleados del CRAE.
The fight for the land in this community, which began in 2019, is a part of the agrarian conflict that exists in the country. This is due to the adoption of several measures by the State of Honduras, which ignore the role of the Honduran campesinado and facilitate access to national and ejido (communally owned) land for agricultural export companies. The Cerro Escondido cooperative has occupied this land for more than a year to plant corn and beans and support their families. Their homes were destroyed, leaving the families homeless in the midst of the COVID-19 pandemic.
Iris’s case is not unique. Unfortunately, human rights defenders in Honduras, specifically women who are land and environmental defenders, work in an extremely dangerous environment. Since the coup d’état that took place in 2009, human rights defenders have been carrying out their important work in an extremely hostile environment. According to Global Witness, by 2019, Honduras was the country with the highest number of murders per capita of land and environmental defenders, as illustrated by the case of murdered Lenca leader Berta Cáceres and the case of Margarita Murillo. This case also illustrates the violence committed by private security companies that often perform public safety tasks without training and outnumber the national police forces, as noted by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
These high-risk circumstances, as illustrated by Iris’s case, have intensified during the COVID-19 crisis. The pandemic has been used as an excuse by Honduras and other countries to adopt repressive measures, expand business activity in their territories, militarize public security, and criminalize women defenders. At the same time, the lockdown measures have been used to limit movement and restrict human rights advocacy. These measures, despite supposedly paralyzing activities, have not prevented the murders of women human rights defenders. For example, the Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Mesoamerican Women Human Rights Defenders Initiative) recorded that, between March and November 2020, alerts related to women human rights defenders more than doubled (123%) compared to the previous year, and that 10 women human rights defenders were murdered in the Central America and Mexico region alone.
La lucha por la tierra en esta comunidad, que comenzó en 2019, es parte del conflicto agrario que existe en el país. Esto se debe a la adopción de varias medidas por parte del Estado de Honduras, que desconocen el papel del campesinado hondureño y facilitan el acceso a tierras nacionales y ejidales a empresas agroexportadoras. La cooperativa Cerro Escondido ocupa estas tierras desde hace más de un año para sembrar maíz y frijoles y mantener a sus familias. Sus casas fueron destruidas, dejando a las familias sin hogar en medio de la pandemia de COVID-19.
El caso de Iris no es único. Lamentablemente, los defensores de los derechos humanos en Honduras, especialmente las defensoras de la tierra y del medio ambiente, realizan su trabajo en un entorno extremadamente peligroso. Desde el golpe de Estado que tuvo lugar en 2009, los defensores de los derechos humanos llevan a cabo su importante labor en un entorno extremadamente hostil. Según Global Witness, en 2019, Honduras fue el país con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores de la tierra y el medio ambiente, como ilustra el caso de la líder lenca asesinada Berta Cáceres y el caso de Margarita Murillo. Este caso también ilustra la violencia cometida por las empresas de seguridad privada que a menudo realizan tareas de seguridad pública sin formación y superan en número a las fuerzas policiales nacionales, como señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Estas circunstancias de alto riesgo, como ilustra el caso de Iris, se han intensificado durante la crisis del COVID-19. La pandemia ha sido utilizada como excusa por Honduras y otros países para adoptar medidas represivas, ampliar la actividad empresarial en sus territorios, militarizar la seguridad pública y criminalizar a las defensoras. Al mismo tiempo, las medidas de bloqueo se han utilizado para limitar la circulación y restringir la defensa de los derechos humanos. Estas medidas, a pesar de supuestamente paralizar las actividades, no han impedido los asesinatos de defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos registró que, entre marzo y noviembre de 2020, las alertas relacionadas con defensoras de derechos humanos aumentaron más del doble (123%) en comparación con el año anterior, y que 10 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas sólo en la región de Centroamérica y México.
- Business & Human Rights Resource Centre, Honduras: Empleados de la empresa de seguridad CRAE´S, contratados por la Azucarera La Grecia, asesinan a defensora, Iris Argentina Álvarez; La Grecia responde, CRAE´S no responde (17 April 2020)
- Contracorriente, La violencia sigue su curso entre la pandemia (03 April 2020)