Journalist Sergio Aguayo Quezada has been judicially harassed and criminalized in retaliation for his work. Even though the Supreme Court issued a ruling in his favor in 2022, one lawsuit against him is still pending.
El periodista Sergio Aguayo Quezada ha sido acosado judicialmente y criminalizado en represalia por su trabajo. A pesar de que la Suprema Corte emitió un fallo a su favor en 2022, aún está pendiente una demanda en su contra.
Sergio Aguayo Quezada is a renowned academic, analyst, and journalist from Guadalajara, México. In 2016, Mr. Aguayo published an opinion column after the arrest in Spain of Humberto Moreira, former president of the Mexican Institutional Revolutionary Party (PRI), on charges of money laundering and embezzlement during his time as governor of the State of Coahuila (2005-2011).
In the first instance, Sergio Aguayo was acquitted because the judge considered that Humberto Moreira had not proven a damage to his moral patrimony and that there was no abuse of freedom of expression by Mr. Aguayo. However, the Sixth Chamber of the Mexico City Superior Court of Justice overturned the sentence and ordered the journalist to pay 10 million Mexican pesos (half a million U.S. dollars) for allegedly abusing freedom of expression. The payment had to be made within the established term or Mr. Aguayo could suffer the seizure of his assets. Mr. Aguayo’s defense filed an amparo (constitutional action), which was admitted by the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation, because it was considered to be a matter of interest and national transcendence.
On September 7, 2021, several international organizations filed an amicus curiae before the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation, developing relevant international standards on the right to freedom of expression, specifically, in relation to judicial harassment through moral damage lawsuits.
On March 16, 2022, the First Chamber of the Supreme Court issued its ruling on the Amparo Directo 30/2020 case, unanimously resolving the injunction in favor of Sergio Aguayo. The Chamber established that there was no abuse of freedom of expression, ordered the cancellation of the payment, and stated that what was published by the journalist is based on verified factual data and public knowledge, emanating from critical journalism.
Separately, on February 17, 2022, Mr. Aguayo was notified of a second lawsuit filed against him by Mr. Moreira, claiming damage to his honor and reputation (honor y prestigio), as a result of the book “Reconquistando” La Laguna (from 2020), in which Mr. Aguayo documented numerous human rights violations committed during Mr. Moreira’s administration; and also due to the statements made by Mr. Aguayo in July 2021, while participating on the podcast “El café de la mañana.”
On July 3, 2023, the parties were notified of the first instance judicial resolution, issued by Judge 54 of the Civil Court in Mexico City. She established the impossibility of issuing a judgment, since “Reconquistando” la Laguna is collegiate academic research in which several co-authors and collaborators participated. Therefore, the rest of the researchers of the work should be called to trial to present their arguments and safeguard their rights.
Said judicial resolution was challenged by Humberto Moreira’s lawyers, who alleged that it is not in their interest to involve the rest of the co-authors, since they are only seeking a conviction against Sergio Aguayo, which is contrary to the rules of Mexican civil procedure.
The appeal – 2nd instance – is currently before the 4th Civil Court in Mexico City, and is pending resolution.
Sergio Aguayo Quezada es un reconocido académico, analista y periodista de Guadalajara, México. En 2016, el Sr. Aguayo publicó una columna de opinión tras la detención en España de Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano, acusado de lavado de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2011).
En primera instancia, Sergio Aguayo fue absuelto porque el juez consideró que Humberto Moreira no había probado un daño a su patrimonio moral y que no hubo abuso de la libertad de expresión por parte del Sr. Aguayo. Sin embargo, la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocó la sentencia y condenó al periodista a pagar 10 millones de pesos mexicanos (medio millón de dólares estadounidenses) por presunto abuso de la libertad de expresión. El pago debía realizarse en el plazo establecido o el Sr. Aguayo podría sufrir el embargo de sus bienes. La defensa del Sr. Aguayo interpuso un amparo, que fue admitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que se trataba de un asunto de interés y trascendencia nacional.
El 7 de septiembre de 2021, diversas organizaciones internacionales presentaron un amicus curiae ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desarrollando estándares internacionales relevantes sobre el derecho a la libertad de expresión, específicamente, en relación con el hostigamiento judicial a través de demandas por daño moral.
El 16 de marzo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su sentencia en el caso Amparo Directo 30/2020, resolviendo por unanimidad el amparo a favor de Sergio Aguayo. La Sala estableció que no hubo abuso a la libertad de expresión, ordenó la cancelación del pago y afirmó que lo publicado por el periodista se basa en datos fácticos comprobados y de conocimiento público, emanados de un periodismo crítico.
Por otro lado, el 17 de febrero de 2022, el Sr. Aguayo fue notificado de una segunda demanda interpuesta en su contra por el Sr. Moreira, reclamando daños a su honor y reputación (honor y prestigio), como resultado del libro “Reconquistando” La Laguna (de 2020), en el que el Sr. Aguayo documentó numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la administración del Sr. Moreira; y también debido a las declaraciones hechas por el Sr. Aguayo en julio de 2021, mientras participaba en el podcast “El café de la mañana.”
El 3 de julio de 2023, se notificó a las partes la resolución judicial de primera instancia, emitida por la Jueza 54 de lo Civil en la Ciudad de México, donde estableció la imposibilidad de dictar una sentencia, toda vez que “Reconquistando” la Laguna se trata de una investigación académica colegiada en la que participaron varios coautores y colaboradores. Por lo cual, debería llamarse a juicio al resto de investigadores de la obra para que expongan sus argumentos y salvaguardar su derecho.
Dicha resolución judicial fue impugnada por los abogados de Humberto Moreira, quienes alegaron que no es de su interés involucrar al resto de co-autores, pues únicamente buscan la condena contra Sergio Aguayo, lo cual es contrario a las reglas del procedimiento civil mexicano.
Actualmente el recurso de apelación — 2da instancia — es de conocimiento de la 4ta Sala de lo Civil en la Ciudad de México, y se encuentra pendiente de resolución.
This case, far from unique, is part of a broader context of judicial harassment against journalists, media, and human rights defenders in the country, as a strategy to silence the exercise of the right to freedom of expression. Along the same lines we find, for example, the lawsuit for moral damages against “El Mañana,” in which this media is requested to pay 60 million pesos (more than 2,900,000 USD), or the harassment against the renowned journalist Carmen Aristegui. These attacks are aimed at self-censorship, and inhibit the media from reporting on key issues for democracy, to avoid the risk of paying these exorbitant amounts of money out of their own pockets and undergoing long and strenuous legal proceedings against them.
Also of concern is the stigmatizing and delegitimizing discourse from the highest authorities of the State, questioning, for example, the origin of their funding and accusing them of belonging to the “conservative movement.” Lately, these accusations have been made against organizations such as Article 19, and others critical of President López Obrador’s administration, such as La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes and the Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Este caso, lejos de ser único, forma parte de un contexto más amplio de hostigamiento judicial contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en el país, como una estrategia para acallar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En la misma línea se encuentra, por ejemplo, la demanda por daño moral contra “El Mañana”, en la que se solicita a este medio el pago de 60 millones de pesos (más de 2,900,000 USD), o el hostigamiento contra la reconocida periodista Carmen Aristegui. Estos ataques buscan la autocensura, e inhiben a los medios de informar sobre temas clave para la democracia, para evitar el riesgo de pagar de su bolsillo esas exorbitantes sumas de dinero y someterse a largos y extenuantes procesos judiciales en su contra.
También es preocupante el discurso estigmatizador y deslegitimador de las más altas autoridades del Estado, cuestionando, por ejemplo, el origen de su financiación y acusándoles de pertenecer al “movimiento conservador.” Últimamente, estas acusaciones se han hecho contra organizaciones como Artículo 19, y otras críticas a la administración del presidente López Obrador, como La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
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