The Zongo communities have been greatly affected by a scheelite mine for the past decades. Even though the Tribunal Constitucional Plurinacional (Plurinational Constitutional Court) has acknowledged the indigenous jurisdiction and backed its decisions to expel the mining company, the company has not complied. Additionally, many community members have been criminalized.
Las comunidades de Zongo se han visto gravemente afectadas por una mina de scheelita durante las últimas décadas. A pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha reconocido la jurisdicción indígenas y ha respaldado sus decisiones de expulsar a la empresa minera, la empresa no ha cumplido. Además, muchos miembros de la comunidad han sido criminalizados
The Zongo communities are located in the municipality of La Paz, Bolivia. In 1975, a scheelite mine, operated by a Bolivian businessman was installed in these communities. Mining exploitation, since its inception, has generated divisions and ruptures in the community fabric. The continuous abuses against the community members who worked in the mine have generated strong opposition to its operation. The community members resorted to the indigenous jurisdiction, which enjoys full recognition and the same hierarchy as the ordinary jurisdiction, according to the Bolivian Constitution. In 2010, the indigenous jurisdiction of Zongo decided to expel the aforementioned businessman, determining that he had damaged the environment, improperly appropriated the land, and committed abuses against the workers. Nevertheless, despite having the same standing as the ordinary jurisdiction, the decision from the indigenous jurisdiction has not been implemented, and, on the contrary, there are several procedures seeking to criminalize many community authorities.
Since 2010, said businessman has initiated several criminal proceedings through ordinary jurisdiction against various indigenous authorities of the Zongo communities, resulting in the imprisonment of several of them. From this moment on, the community leaders began a legal battle to assert indigenous jurisdiction and achieve freedom, as well as put an end to the criminalization of their community members and alleviate the negative economic, familial, and emotional impacts that it has caused them.
Specifically, on October 15, 2012, the indigenous authorities filed a consultation before the Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) (Plurinational Constitutional Court) on the applicability of the indigenous jurisdiction. On June 5, 2013 and May 12, 2014, the TPC ruled in favor of the community. The Justicia Indígena Originaria Campesina (Indigenous Campesino Justice) proceeded to summon the businessman to a hearing, however, he did not show up. The indigenous authorities ratified their decision to expel him.
The criminal proceedings within the ordinary jurisdiction against indigenous authorities continued. On September 24, 2018, the TCP, once again, ruled in favor of the indigenous jurisdiction, so the cases were brought before it. The businessman’s continued exploitation of the mine led the indigenous jurisdiction to form a Consejo de Justicia (Justice Council), a judicial body with the purpose of executing the decision to expel the businessman. The businessman was again summoned to a hearing, and again did not appear. On September 21, 2019, the Justice Council issued its ruling, ordering the businessman’s expulsion and requesting for state institutions to cooperate with the implementation of the ruling, specifically, asking the Mining Administrative Jurisdictional Authority (AJAM) and the Ministry of Mining to revoke the mining concession. However, the decision was not complied with.
During this period of time, the businessman filed a constitutional amparo action before the Sala Constitucional Cuarta (Fourth Constitutional Chamber), arguing that the indigenous judges had violated his human rights. On September 23, 2020, the Court ruled in favor of the indigenous jurisdiction, backing the September 21, 2019 decision.
In December 2022, the Consejo de Justicia informed that the company has returned to the territory, which has caused clashes between community members and miners, as well as human rights violations against the community. The Consejo also stated that the company’s actions are allowed by several state entities, the Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) among them. In July 2023, indigenous members of the Zongo community stated that the criminalization against them for protecting their territory has not stopped.
Las comunidades de Zongo se encuentran en el municipio de La Paz, Bolivia. Desde 1975, en estas comunidades está instalada una mina de scheelita explotada por un empresario boliviano. La explotación minera, desde sus inicios, ha generado divisiones y rupturas en el tejido comunitario. Los continuos abusos contra los miembros de la comunidad que trabajaban en la mina han generado una fuerte oposición a su funcionamiento. Los miembros de la comunidad recurrieron a la jurisdicción indígena, que goza de pleno reconocimiento y de la misma jerarquía que la jurisdicción ordinaria, según la Constitución boliviana. En 2010, la jurisdicción indígena de Zongo decidió expulsar al empresario, al determinar que había dañado el medio ambiente, se había apropiado indebidamente de las tierras y había cometido abusos contra los trabajadores. Sin embargo, a pesar de tener la misma legitimación que la jurisdicción ordinaria, la decisión de la jurisdicción indígena no ha sido ejecutada y, por el contrario, existen varios procedimientos que buscan criminalizar a muchas autoridades de la comunidad.
Desde el año 2010, dicho empresario ha iniciado varios procesos penales en la justicia ordinaria en contra de varias autoridades indígenas de la comunidad, resultando en el encarcelamiento de varias de ellas. A partir de este momento, líderes y lideresas de las comunidades iniciaron una batalla legal para hacer valer la jurisdicción indígena, lograr la libertad y poner fin a la criminalización de los miembros de su comunidad, con el consecuente desgaste económico, familiar y emocional que esto les ha ocasionado.
Concretamente, el 15 de octubre de 2012, las autoridades indígenas presentaron una consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la aplicabilidad de su jurisdicción. El 5 de junio de 2013 y el 12 de mayo de 2014, el TCP falló a favor de las comunidades. La Justicia Indígena Originaria Campesina procedió a citar al empresario a una audiencia, sin embargo, éste no se presentó. Las autoridades indígenas ratificaron la decisión de expulsarlo.
El proceso penal dentro de la justicia ordinaria en contra de las autoridades indígenas continuó. El 24 de septiembre de 2018, el TCP falló nuevamente a favor de la justicia indígena, por lo que los casos fueron llevados ante ella. El empresario no dejó de explotar la mina, por lo que la justicia indígena conformó un Consejo de Justicia, instancia judicial con la finalidad de ejecutar la resolución de expulsión del empresario. El empresario fue convocado nuevamente a una audiencia, pero una vez más no se presentó. El 21 de septiembre de 2019, el Consejo de Justicia emitió su fallo, ordenando la expulsión del empresario y solicitando a las instituciones del Estado que colaboren con la ejecución del fallo, específicamente, solicitando a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y al Ministerio de Minería la revocatoria de la concesión minera. Sin embargo, la decisión no fue acatada.
Durante este periodo de tiempo, el empresario interpuso una acción de amparo constitucional ante la Sala Constitucional Cuarta, argumentando que los jueces indígenas habían violado sus derechos humanos. El 23 de septiembre de 2020, la Sala falló a favor de la justicia indígena, respaldando la decisión del 21 de septiembre de 2019.
En diciembre de 2022, el Consejo de Justicia informó que la empresa había regresado al territorio, lo que había provocado enfrentamientos entre los miembros de la comunidad y los mineros, así como violaciones de los derechos humanos contra la comunidad. El Consejo también señaló que las acciones de la empresa son permitidas por varias entidades estatales, entre ellas la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). En julio de 2023, miembros indígenas de la comunidad de Zongo señalaron que la criminalización contra ellos por proteger su territorio no ha cesado.
- Sumando Voces, 20 organizaciones y pueblos indígenas piden la paralización de la mina Alexander en Zongo por contaminación (4 August 2023)
- Sumando Voces, Sin saberlo, dirigente indígena fue arraigada 9 años en un proceso por defender su territorio de la minera (26 September 2022)
- Sumando Voces, En Zongo, indígenas piden auxilio por persecución de empresario (09 September 2021)
- Sumando Voces, Avasallamientos: Relatora de Defensores de DDHH de la ONU recibe en audiencia a indígenas del pueblo Mosetén y de Zongo (9 July 2021)
- IPDRS, El caso Zongo, precedente de justicia indígena, será analizado en el curso virtual de autonomías indígenas (29 September 2019)
- Comunidad de Derechos Humanos, Zongo: La histórica lucha por el respeto de la justicia indígena contra un empresario minero (29 October 2020)
- IPDRS, Zongo: La histórica lucha por el respeto de la justicia indígena contra un empresario minero (25 September 2020)
Amicus Curiae Brief by the Instituto Para El Desarrollo Rural En Sudamérica- IPDRS
Individual Contributors
The constitutional litigation is handled by a group of pro bono lawyers and the litigation for the criminalization of defenders is accompanied by UNITAS as part of its strategic litigation program.
El litigio constitucional está a cargo de un grupo de abogados pro bono y el litigio por criminalización de los defensores lo acompaña UNITAS en el marco de su programa de litigio estratégico.