Carlos Choc is a Mayan community journalist who faced constant criminalization since 2017 as a result of his work documenting and investigating environmental rights violations. In 2024, the court ultimately ruled in Choc’s favor, dismissing the charges and closing all proceedings against him.
Carlos Choc es un periodista comunitario maya que fue constantemente criminalizado desde 2017 debido a su trabajo de documentación e investigación de violaciones a los derechos ambientales. En 2024, el tribunal finalmente decidió a favor de Choc, desestimando los cargos y cerrando todos los procedimientos contra él.
Carlos Choc, a journalist belonging to the Q’eqchi’ Maya community, serves as a correspondent for the media outlet Prensa Comunitaria. In 2017, he initiated a thorough investigation into the environmental effects resulting from the operations of the Phoenix mine, located in Lake Izabal, El Estor. This mine is owned by the Solway Investment Group, whose investors come from Russia and Switzerland.
In May 2017, Mr. Choc was covering protests against the mining company when the Guatemalan police forcibly removed the community protest. During the operation, Carlos Maaz Coc, a fisherman from the community, was murdered by the National Civil Police. Another fisherman was shot and injured. Carlos Choc photographed and documented this incident and has since been threatened, criminalized, and forced to relocate and distance himself from his family for their protection.
In August 2017, Carlos Choc, along with his fellow journalist Jerson Xitumul Morales and ten fishermen from El Estor, faced charges from the Phoenix mine. The accusations included illegal detention, threats, incitement to commit crimes, and illicit association. Following the complaint, the Public Prosecutor’s Office launched an investigation against Carlos Choc. According to the Prosecutor’s Office, the journalist was accused of being part of a group of citizens who blocked a road and detained four mine workers.
Mr. Carlos Choc is represented by the Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) in a legal process that has been prolonged over time. The initial declaration hearing was postponed at least ten times between 2017 and 2019. In January 2019, approximately a year and a half after the complaint was filed, Judge Edgar Aníbal Arteaga López of the Penal Instance Court of Izabal, who was accused of favoring partisan interests, held the hearing that implicated journalist Carlos Choc. Following this decision, preventive measures were imposed on him, including the obligation to appear before the Public Prosecutor’s Office every 30 days and a prohibition from approaching the mining plant and its workers.
This decision was made despite the Public Prosecutor’s Office requesting the dismissal of the case against Carlos Choc for lack of evidence. The journalist’s defense contested this decision and requested the judge’s recusal, but the request was rejected. After a number of hearings, on January 31st, 2024, during the intermediate stage of dismissal, the Pluripersonal Court of First Criminal Instance, Drug Trafficking and Environmental Crimes of Izabal dismissed and closed the proceedings, ruling in Choc’s favor.
In addition to this case, Mr. Choc has faced another instance of criminalization. On March 25, 2022, the media outlet where Choc works received information about a criminal complaint filed on December 1, 2021, by the National Civil Police and the Public Prosecutor’s Office of the municipality of Morales, in the department of Izabal. On this occasion, both he and his colleague, journalist Jerson Xitumul, were accused of “incitement to commit crimes.” This accusation arose in the context of another protest that the journalist was documenting on October 22 and 23, 2021, in El Estor, amidst a wave of violence and repression by the state, during which Choc was assaulted by the police. On September 13, 2022, Judge Aníbal Arteaga of Puerto Barrios closed the case.
The community journalist has also faced additional threats. An example occurred on April 19, 2020, when unknown individuals entered his home and stole a camera and two mobile phones, essential parts of his work equipment. Regarding this incident, Mr. Daniel Ordóñez, director of the Prosecutor’s Office for Crimes against Journalists, expressed that the theft could be linked to Mr. Choc’s journalistic work.
Although the journalist filed complaints for both the theft of his work equipment and the assault by the National Civil Police during the wave of violence in El Estor, unfortunately, both complaints have been dismissed.
In March 2022, the Mining Secrets project, an investigation by national and international media, exposed the criminalization directed by the Phoenix mining company and the Guatemalan state against Carlos Choc due to his documentary work on the pollution of Lake Izabal and the death of fisherman Carlos Maaz Coc. The investigation revealed acts of intimidation and criminalization towards the mining-opposing community, as well as plans for displacement, the classification of neighbors, and threats to spread rumors about an epidemic.
Carlos Choc, periodista perteneciente a la comunidad Maya Q’eqchi’, desempeña el rol de corresponsal para el medio de comunicación Prensa Comunitaria. En 2017, inició una exhaustiva investigación sobre los efectos ambientales derivados de las operaciones de la mina Fénix, ubicada en el Lago Izabal, El Estor. Esta mina es propiedad de la Compañía Solway Investment Group, cuyos inversionistas provienen de Rusia y Suiza.
En mayo del año 2017 el Sr. Choc cubría las manifestaciones en contra de dicha empresa minera, cuando la policía guatemalteca desalojó la protesta de la comunidad. En el operativo, tuvo lugar el asesinato de Carlos Maaz Coc, uno de los pescadores de la comunidad, por parte de la Policía Nacional Civil. Otro de los pescadores resultó herido de bala. Carlos Choc fotografió y documentó este hecho y, desde entonces, ha sido amenazado, criminalizado y ha tenido que desplazarse y alejarse de su familia para protegerse y protegerlos.
En agosto de 2017, Carlos Choc, junto con su colega periodista Jerson Xitumul Morales y diez pescadores de El Estor, enfrentaron denuncias de la minera Fénix. Las acusaciones incluyeron detención ilegal, amenazas, instigación a delinquir y asociación ilícita. Tras la denuncia, el Ministerio Público emprendió una investigación contra Carlos Choc. Según la Fiscalía, el periodista fue señalado como parte de un grupo de ciudadanos que bloqueó una carretera y retuvo a cuatro trabajadores de la mina.
El Señor Carlos Choc es representado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en un proceso legal que se ha venido dilatando en el tiempo. Así, la audiencia de primera declaración fue aplazada, al menos diez veces, entre 2017 y 2019. En enero de 2019, aproximadamente año y medio después de la presentación de la denuncia, el juez Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado de Instancia Penal de Izabal, quien fue señalado por favorecer intereses partidarios, llevó a cabo la audiencia en la que vinculó a proceso al periodista Carlos Choc. En virtud de esta decisión, se dictaron medidas sustitutivas para él, que incluyen la obligación de comparecer ante el Ministerio Público cada 30 días, así como la prohibición de acercarse a la planta minera y a sus trabajadores.
Esta determinación se tomó a pesar de que el Ministerio Público había solicitado el archivo del expediente contra Carlos Choc por falta de méritos. La defensa del periodista impugnó esta decisión y solicitó la recusación del juez, aunque dicha solicitud fue rechazada. Después de varias audiencias, el 31 de enero de 2024, durante la etapa intermedia de sobreseimiento, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcotráfico y Delitos Ambientales de Izabal desestimó y cerró el proceso, fallando a favor de Choc.
Además de este caso, el Sr. Choc ha enfrentado otra situación de criminalización. El 25 de marzo de 2022, el medio de comunicación donde trabaja Choc recibió información sobre una denuncia penal presentada el 1 de diciembre de 2021 por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (MP) del municipio de Morales, en el departamento de Izabal. En esta ocasión, tanto él como su colega, el periodista Jerson Xitumul, fueron acusados de “instigación a delinquir”. Esta acusación surgió en el contexto de otra protesta que el periodista estaba documentando los días 22 y 23 de octubre de 2021 en El Estor, en medio de una ola de violencia y represión por parte del Estado, durante la cual Choc fue agredido por la policía. El 13 de septiembre de 2022, el juez Aníbal Arteaga de Puerto Barrios cerró el caso.
El periodista comunitario también ha enfrentado amenazas adicionales. Un ejemplo de ello ocurrió el 19 de abril de 2020, cuando desconocidos ingresaron a su hogar y sustrajeron una cámara y dos teléfonos móviles, parte fundamental de su equipo de trabajo. En relación con este incidente, el Sr. Daniel Ordóñez, director de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, expresó que el robo podría estar vinculado a la labor periodística del Sr. Choc.
A pesar de que el periodista presentó denuncias tanto por el robo de su equipo de trabajo como por la agresión sufrida por parte de la Policía Nacional Civil durante la ola de violencia en El Estor, lamentablemente, ambas denuncias han sido desestimadas.
En marzo de 2022, el proyecto Mining Secrets, una investigación de medios nacionales e internacionales, expuso la criminalización dirigida por la empresa minera Fénix y el Estado de Guatemala contra Carlos Choc a raíz de su labor documental sobre la contaminación del Lago de Izabal y la muerte del pescador Carlos Maaz Coc. La investigación reveló actos de intimidación y criminalización hacia la comunidad opositora a la mina, así como planes de desplazamiento, clasificación de vecinos y amenazas de difundir rumores sobre una epidemia.
The criminalization and harassment against Carlos Choc is part of a broader context where the legitimate claims of indigenous communities against these extractive projects without consultation are dismissed. The communities are engaged in long legal struggles to achieve the suspension or closure of these projects.
Even though the Constitutional Court suspended the exploitation license on July 18, 2019, until free, prior and informed consultation with their communities takes place, significant conflicts and violence have continued to occur in the area. One of the latest was the severe repression of a protest against the mine led by indigenous population through the excessive use of force. Afterwards, Guatemala’s president decreed a state of emergency in the municipality of El Estor on October 24, 2021 which led to the deployment of the PNC and the Army. The Inter-American Commission on Human Rights condemned the excessive use of force and repression against demonstrators, journalists, and members of the Maya Q’eqchi’ people. The demonstrators had been engaging in peaceful actions and blockades for more than 20 days to protest operations at the Fénix mine, which is in their territory.
La criminalización y hostigamiento contra Carlos Choc forma parte de un contexto más amplio en el que se desestiman las legítimas reclamaciones de las comunidades indígenas contra estos proyectos extractivos que no han sido sometidos a consulta previa, libre e informada. Las comunidades mantienen largas luchas legales para lograr la suspensión o el cierre de estos proyectos.
A pesar de que el 18 de julio de 2019 la Corte Constitucional suspendió la licencia de explotación de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, hasta que se realice la consulta previa, libre e informada con sus comunidades, en la zona se han seguido presentando importantes conflictos y violencia. Uno de los últimos fue la severa represión de una protesta contra la mina liderada por población indígena mediante el uso excesivo de la fuerza. Posteriormente, el presidente de Guatemala decretó el estado de excepción en el municipio de El Estor el 24 de octubre de 2021, lo que provocó el despliegue de la Policía Nacional y el Ejército. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza y la represión contra manifestantes, periodistas y miembros del pueblo maya q’eqchi’. Los manifestantes llevaban más de 20 días realizando acciones pacíficas y bloqueos para protestar por las operaciones de la mina Fénix, que se encuentra en su territorio.
- Agencia Ocote, Persecución a la prensa. Carlos Choc: firmo y nos vamos (17 May 2022)
- Front Line Defenders, Nuevos actos de criminalización en contra del periodista Carlos Ernesto Choc Chub (31 March 2022)
- Prensa Comunitaria, Accionan en la CSJ por criminalización contra periodista Carlos Ernesto Choc y pescadores (09 November 2020)
- El Comercio, ¿Quién es Carlos Choc, el periodista que liberaron de cargos tras haber sido acusado de instigar a la violencia en Guatemala? (14 September 2019)
- The Guardian, How witnessing a police shooting put a guatemalan journalist in danger (19 June 2019)
- Prensa Comunitaria, Por cuarta vez suspenden audiencia para el periodista q’eqchi’ Carlos Choc y otros tres pescadores en Izabal (10 September 2018)
- Prensa Comunitaria, Comunidades de El Estor presentan amparo por licencias de proyecto minero (25 February 2018)
