Indigenous journalist Norma Sancir was detained and beaten when she was covering a demonstration in September 2014. After 9 years of hearings and debates due to intentional delays by the agents’ defense, the court has sentenced Commissioner Ceferino Salquil to 3 years and 9 months in prison and the two agents of the Policía Nacional Civil (National Civil Police) to 2 years and 6 months in prison.
La periodista indígena Norma Sancir fue detenida y golpeada cuando cubría una manifestación en septiembre de 2014. Después de 9 años de audiencias y debates debido a retrasos intencionales por parte de la defensa de los agentes, la Corte ha condenado al Comisionado Ceferino Salquil a 3 años y 9 meses de prisión y a los dos agentes de la Policía Nacional Civil a 2 años y 6 meses de prisión.
Norma Sancir, is an indigenous Mayan Kaqchikel woman from Guatemala. She is a community journalist and social communicator with an emphasis on native peoples and linguistic communities in the country. She was arbitrarily detained on September 18, 2014 by the Policía Nacional Civil (National Civil Police) (PNC), when she was covering a demonstration by the Maya C’horti’ communities of Chiquimula to demand respect for their individual and collective rights as part of a broader national mobilization.
Norma was arrested and beaten after identifying herself as a journalist, with her corresponding credentials. She was then taken to a prison to wait to be heard by a judge. Following several violations of due process, Norma was released 4 days after her detention. She filed the corresponding complaints for the attacks against her, as a result of which four people have been identified: three police officers and a police commissioner, who were investigated and charged with the crime of abuse of authority against the journalist.
The criminal procedure against the police commissioner and the police agents is still open. Hearings in the case have been repeatedly suspended due to appeals and excuses presented by the defendants’ defense. Specifically, the intermediate stage hearing was postponed nine times.
After these delays, on September 23, 2021, the Juzgado de primera Instancia Penal y Narcoactividad de Chiquimula (First Instance Criminal and Narcoactivity Court of Chiquimula) decided that the four agents were to face trial for the crime of Abuse of Authority. The hearing for the submission of evidence, once again, continued to be maliciously delayed by the defense of the defendants.
The oral and public debate hearing was scheduled for September 28, 2022. However, it was postponed for May 17, 2023, when it was delayed again for June 28 due to one of the agents’ absence. The fifth hearing took place on August 9, when a witness’ testimony was heard. The hearing against 3 police officers charged with “abuse of power” took place on August 16, 2023.
In January 2024, the judge imposed a sentence of three years and nine months of commutable prison on Commissioner Ceferino Salquil and two years and six months of commutable prison on the two PNC agents. The proceedings have come to a close.
Norma Sancir, es una mujer indígena maya Kaqchikel de Guatemala. Es periodista comunitaria y comunicadora social con énfasis en pueblos originarios y comunidades lingüísticas del país. Fue detenida arbitrariamente el 18 de septiembre de 2014 por la Policía Nacional Civil (PNC), cuando cubría una manifestación de las comunidades mayas c’horti’ de Chiquimula para exigir el respeto a sus derechos individuales y colectivos como parte de una movilización nacional más amplia.
Norma fue detenida y golpeada tras identificarse como periodista, con su correspondiente credencial. Luego fue llevada a una prisión para esperar a ser escuchada por un juez. Tras varias violaciones al debido proceso, Norma fue liberada 4 días después de su detención. Sancir interpuso las denuncias correspondientes por las agresiones en su contra, a raíz de las cuales se han identificado a cuatro personas: tres policías y un comisario de policía, quienes fueron investigados e imputados por el delito de abuso de autoridad en contra de la periodista.
El procedimiento penal contra el comisario y los agentes de policía sigue abierto. Las audiencias del caso se han suspendido repetidamente debido a los recursos y excusas presentados por la defensa de los acusados. Concretamente, la audiencia de la fase intermedia se aplazó nueve veces.
Tras estas dilaciones, el 23 de septiembre de 2021, el Juzgado de primera Instancia Penal y Narcoactividad de Chiquimula decidió que los cuatro agentes debían enfrentar juicio por el delito de Abuso de Autoridad. La audiencia de presentación de pruebas, una vez más, continuó siendo aplazada maliciosamente por la defensa de los acusados.
La audiencia oral y pública de debate estaba prevista para el 28 de septiembre de 2022. Sin embargo, se aplazó para el 17 de mayo de 2023, fecha en la que se volvió a aplazar para el 28 de junio debido a la ausencia de uno de los agentes. La quinta audiencia tuvo lugar el 9 de agosto, cuando se escuchó el testimonio de un testigo. La próxima audiencia está prevista para el 16 de agosto de 2023.
En enero de 2024, el juez impuso una pena de tres años y nueve meses de prisión conmutable al Comisionado Ceferino Salquil y dos años y seis meses de prisión conmutable a los dos agentes de la PNC. El proceso ya finalizó.
Norma’s case is not unique or isolated. In Guatemala, criminal law is frequently used to criminalize women social communicators and human rights defenders, especially those who belong to indigenous communities. They are usually repressed while covering protests in their own communities or broadcasting information that is critical of government leaders. Community journalists also face double discrimination because the authorities do not recognize them as professional journalists on the basis of racist stereotypes. Examples of this are the cases of Ceferina Josefa Xaminez Yaxon and Sebastiana Pablo Hernández. Xaminez Yaxon is an indigenous social communicator who was convicted of theft after denouncing the high rates charged by the company Energuate to the residents of her municipality. Pablo Hernández is an ancestral authority of the K’ich’e people who has been in prison since October 2020, accused of sedition, arson and aggravated robbery, for allegedly having stolen a device with key documents from a government building.
El caso de Norma no es único ni aislado. En Guatemala, el derecho penal se utiliza con frecuencia para criminalizar a las mujeres comunicadoras sociales y defensoras de los derechos humanos, especialmente a las que pertenecen a comunidades indígenas. Suelen ser reprimidas cuando cubren protestas en sus propias comunidades o difunden información crítica sobre sus gobernantes. Los y las periodistas comunitarios también sufren una doble discriminación porque las autoridades no los reconocen como periodistas profesionales basándose en estereotipos racistas. Ejemplos de ello son los casos de Ceferina Josefa Xaminez Yaxon y Sebastiana Pablo Hernández Xaminez Yaxon es una comunicadora social indígena que fue condenada por robo tras denunciar las altas tarifas que cobraba la empresa Energuate a los vecinos de su municipio. Pablo Hernández es una autoridad ancestral del pueblo K’ich’e que está preso desde octubre de 2020, acusado de sedición, incendio y robo agravado, por supuestamente haber sustraído un dispositivo con documentos clave de un edificio gubernamental.
- Front Line Defenders, Norma Sancir
- Agencia Ocote, Suspendido dos veces el juicio contra agresores de la periodista Norma Sancir (13 June 2023)
- Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Inicia etapa intermedia en caso de periodista Norma Sancir (22 September 2021)
- Prensa Comunitaria, Chiquimula: por séptima ocasión suspenden audiencia de la periodista Norma Sancir (07 July 2021)
- Prensa Comunitaria, Suspenden nuevamente la audiencia de etapa intermedia de la periodista Norma Sancir (12 May 2021)